Solución al lawfare y fin de ciclo

Escuchaba hoy decir a Enric Juliana, tras la resolución europea sobre la amnistía, que se cierra un ciclo. Y entiendo que se refiere al iniciado con el Estatut.

Cuando revisas lo acontecido en estos últimos años, te das cuenta de lo que ha pasado con algo más de claridad que cuando lo estabas viviendo: en cierta forma, el PP ha estado gobernando en minoría a través del constitucional.

No es ningún secreto que el propio tribunal estuvo incumpliendo su normativa durante años. Siendo Así las cosas, tampoco puede extrañar que algunos hablen de la España irreformable.

Pero al final resulta que igual son sólo molinos, y que, de la misma manera que la constitución está blindada bajo una mayoría parlamentaria de dos tercios, tal vez fuera de recibo exigir al alto tribunal esa misma mayoría cualificada para vetar las resoluciones que emanan del parlamento, qué sin duda es una institución bastante más representativa del sentir general.

(Eso se puede tramitar con una mayoría parlamentaria simple y podría sacarnos de esa situación de bloqueo en la que se diría que estamos desde aquellas repeticiones electorales.)

Y es que la ley no siempre produce justicia, a veces incluso todo lo contrario.

De hecho, uno de los problemas acuciantes de nuestros días es la instrumentalización del sistema de justicia (lawfare) para explotar los “daños colaterales” que puede llegar a generar. Pleitos tengas y los ganes, reza un refrán gitano.

Así que lo que parece urgente, y quien mejor que este gobierno para impulsar tal propuesta, es tipificar en el código penal esa suerte de conductas. Cuando el objeto de una demanda, y más grave si su viabilidad es cuestionable, va más allá de la reclamación de la propia demanda (sustracción de la atención, erosión económica, daño a la imagen pública), ese “co-objeto” debería resultar punible.

No se trata de limitar la tutela judicial garantizada por la constitución, por supuesto… ni de hacer una ley con la que luego quieran perseguir a legítimas asociaciones de consumidores o sindicatos, si no de evitar ese tipo de persecución burocrática en base a cuatro recortes de prensa falsos en los periódicos de los amigos.

Sin duda los medios son otra pata del entramado que, bueno, a buen entendedor pocas palabras bastan. Seguramente son el núcleo de la cuestión. Pero si mediante una ley que penaliza ese “abuso procesal”, los titulares quedan huérfanos de la denuncia infundada que los sustenta, el asunto ya es distinto.

Tal es el alcance del problema que no parece descabellado que la propuesta pudiera reunir los apoyos parlamentarios para llevarla a trámite.

Si uno lo piensa bien, tanto el lawfare como el abuso del recurso de inconstitucionalidad, (que es más lawfare) trabajan en un sola dirección. En la buena dirección, dirían algunos. Pero a buen seguro otros no lo ven así.

Yo creo que con esas dos cositas, mayoría cualificada en el constitucional para enmendar la plana al parlamento y una ley que penalice las instrumentalización de la justicia con fines espurios (nada tan innovador, algo similar a lo que ya hay en UK)… igual sí que se cierra un ciclo.